El pasado mes de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Unidad FCPA (Foreign Corrupt Practices Act o “FCPA”, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentaron ante Pfizer una “solicitud informal” para allegarse de documentos en el marco de una investigación de presuntos actos de corrupción cometidos por la empresa con dependencias del gobierno mexicano para obtener contratos en el año 2019.
Es importante recordar que, en 2012, Pfizer y una subsidiaria fueron sancionadas con 60 millones de dólares, por actos de corrupción de empleados y representantes comerciales que pagaron sobornos en Bulgaria, China, Croacia, República Checa, Italia, Kazajstán, Rusia y Serbia.
En caso de encontrarse culpable por las autoridades estadounidenses, Pfizer podría recibir sanciones que pueden ir desde multas multimillonarias, la restitución de las ganancias obtenidas, la imposición de medidas correctivas y de cumplimiento, así como acciones penales y civiles contra individuos involucrados e, inclusive, la pérdida de contratos, entre otras.
La FCPA es una ley estadounidense promulgada en 1977 cuyo objetivo es combatir la corrupción de empresas y sancionar a aquellas que sobornen a funcionarios públicos extranjeros. |
Es importante recordar que dicha ley obliga a las empresas estadounidenses a mantener registros precisos y cuentas detalladas que reflejen con exactitud sus transacciones financieras y sus activos, así como el establecimiento de controles internos adecuados para prevenir y detectar la corrupción.
Por lo tanto, la FCPA es una ley que impide a las empresas con sede en Estados Unidos, así como a sus subsidiarias, sin importar dónde operen o el territorio en el que se encuentren sus empleados e, inclusive, empresas e individuos extranjeros que cometan actos de corrupción o soborno en territorio o utilizando medios de comunicación estadounidenses para pagar -directa o indirectamente- sobornos a funcionarios públicos en el extranjero con el propósito de obtener ventajas ilegales. En caso de no cumplir con esta normativa, estas personas pueden enfrentar consecuencias severas que incluyen multas significativas, la supervisión judicial o incluso la disolución.
La extraterritorialidad del FCPA radica en que cualquier empresa o individuo que esté sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos puede ser procesado y sancionado, incluso si los actos de corrupción ocurrieron completamente fuera de los Estados Unidos. Esto puede aplicarse a empresas con sede en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, empresas extranjeras que cotizan en bolsa en Estados Unidos, aún si sus actividades de corrupción ocurren en países como el nuestro.
En los casos en que una empresa o individuo es acusado de violar la FCPA, el gobierno de Estados Unidos se encuentra facultado para llevar a cabo investigaciones y tomar acciones legales en contra de ellos. En este sentido, es esencial que las empresas y personas que operan internacionalmente, incluyendo las mexicanas, conozcan y se protejan para evitar violaciones a las leyes anticorrupción tanto locales como extranjeras, y tomen medidas para garantizar que sus prácticas comerciales sean éticas y cumplan con la legislación aplicable.
Contar con un programa corporativo de compliance anticorrupción constituye una herramienta clave para garantizar que las empresas operen de manera ética, legal y transparente, que proteja la integridad de la organización, minimice riesgos, mejore la reputación y facilite el acceso a oportunidades comerciales tanto nacionales como internacionales.
Estaremos atentos para conocer el desarrollo de las investigaciones del DOJ y la SEC por presuntos actos de corrupción cometidos por Pfizer y la implicación de funcionarios públicos del gobierno mexicano en este caso, así como las posibles sanciones y consecuencias jurídicas del caso.
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