El pasado 30 de enero, Transparencia Internacional publicó la nueva edición del “Índice de Percepción de la Corrupción” (CPI, por sus siglas en inglés) correspondiente al año 2023.
Este estudio es publicado anualmente por la renombrada organización internacional y tiene como objetivo evaluar la corrupción en el sector público de 180 países, a partir de datos de 13 fuentes externas, tales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresarios del país correspondiente y expertos en la materia, entre otros; utilizando, además, una escala de puntuación de 0 a 100, en la que 0 indica una alta percepción de la corrupción y a medida que se acerca a los 100 puntos, una disminución en ésta.
La comparación expuesta nos otorga una visión de cómo se encuentra posicionado el control y la lucha contra la corrupción en estos Estados, por ello se trata de una importante herramienta para generar conciencia, influir en las políticas públicas y en las plataformas legales adoptadas por los gobiernos de las naciones evaluadas.
Desde luego que la influencia que este índice genera en la imagen y reputación de las respectivas naciones, a partir del sentir interno nacional de los sectores público y privado, expone internacionalmente, en el caso de los peores evaluados, a países permisivos de hechos de corrupción, lo que impacta significativamente en diversos campos de la vida nacional, como desalentar la inversión extranjera y obstaculizar el desarrollo económico, de manera tal que representa un reflejo de la vida diaria de su población.
Es preocupante que, con el estridente discurso anticorrupción de todas las naciones, incluso, a nivel internacional, en la edición 2023 encontramos una puntuación inferior a los 50 puntos de más de 120 países de los 180 evaluados.
El 66.6% de los evaluados no logra más allá de la media en la métrica implementada, en consecuencia, en estos países existe una muy alta percepción de la existencia de actos de corrupción.
El caso de México es alarmante, ya que obtuvo una vergonzante calificación de 31/100 puntos posibles, ubicándose en el lugar número 126, por lo que se mantuvo en la misma posición respecto de la edición de 2022, siendo el país peor evaluado entre los países que integran la OCDE y el segundo peor evaluado del G20, pues sólo Rusia tuvo una peor calificación que México entre las veinte economías más grandes del mundo. Esto no es fortuito, pues ante los escándalos públicos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años, en todos los niveles del sector público, se pone en duda la competencia institucional y la displicencia política con la que se atiende este tema trascendental.
Por otra parte, la frágil rendición de cuentas gubernamental en los procesos de contratación pública y la opacidad en la gestión de recursos, ha permitido que este fenómeno prospere en el sector público, lo que se refleja de inmediato en la proliferación de la corrupción en el sector empresarial, (verbigracia, al momento de obtener licencias, permisos y contratos gubernamentales) con una nada orgullosa visión arraigada de "mordidas", extorsión y sobornos, donde incluso llega a ser señalado como “normal” el ofrecer o recibir pagos ilegales para agilizar trámites u obtener contratos públicos. Aquí es donde se hace indispensable promover una cultura de ética, anticorrupción, integridad y cumplimiento, a partir de la implementación de programas de compliance empresarial y fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir los actos corruptos desde el interior de las propias empresas, sin que este esfuerzo pueda ser aislado, pues hace falta el compromiso paralelo del sector público.
De nada sirve contar con la mejor ley anticorrupción de América Latina, según el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers Council for Civil and Economic Rights) del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, pues sus operadores (quienes integran el Sistema Nacional Anticorrupción) se han visto disminuidos y obstaculizados en su operación, lo que difícilmente provocará encontrar el camino adecuado para cambiar esta perspectiva nacional.
Vale la pena hacer un análisis de las recomendaciones hechas para México, entre las que se incluye reactivar las instituciones de control, fiscalización e investigación en nuestro país y aprovechar su potencial para sancionar visiblemente los casos de corrupción, recuperar los activos desviados, dar garantías reales a quienes denuncian e investigan estos hechos, enfocar y evidenciar el uso de la corrupción con fines político electorales y evaluar la actuación de las autoridades nacionales en los casos de corrupción transnacional.
Finalmente, no debemos hacer a un lado la urgente necesidad de identificar las redes de corrupción existentes, prevenirlas, perseguirlas y desarticularlas. En tanto no se lleve a cabo y se visibilice esta operación, nuestro país continuará en esas vergonzosas posiciones internacionales, pues, en efecto, en tanto no se cuente con investigaciones y sentencias firmes contra los operadores y beneficiarios de estas redes de corrupción, seguirá observándose a México como una nación altamente corrupta al interior y al exterior de su población.
Si bien no es una receta mágica, es claro que, con ello, podremos avanzar con un paso más firme para ser una nación que prevenga, controle y combata la corrupción de forma más efectiva y, como consecuencia, cambiar esta negativa percepción de nuestro país.
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