La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en 2015, surge como un hito fundamental en la construcción democrática de México. Representa mucho más que un simple instrumento legal: es el resultado de un proceso legislativo innovador que rompió los esquemas tradicionales de elaboración normativa de nuestro país.
En tiempos en los que se debate el futuro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es crucial recordar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el resultado de uno de los ejercicios más amplios de parlamento abierto en la historia legislativa de México. Este proceso no solo fortaleció la legitimidad de esta ley, sino que también sentó un precedente sobre la importancia de incluir a la sociedad civil en la creación de marcos normativos que defienden derechos fundamentales, ya que se trata de un ejercicio de parlamento abierto que superó las prácticas convencionales de elaboración legislativa.
El Proceso Legislativo: Un Modelo de Participación Ciudadana
La Ley General de Transparencia no fue creada a puerta cerrada. Desde su origen, incluyó un proceso deliberativo que promovió la participación de diversos sectores:
Creación del Grupo Redactor: En octubre de 2014, se instaló un grupo de trabajo plural y diverso que integró a asesores legislativos de todos los grupos parlamentarios en el Senado, expertos en transparencia y organizaciones de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas y el Colectivo por la Transparencia. Esta diversidad garantizó que el documento final no respondiera a intereses particulares, sino a una visión comprehensiva y multidimensional del derecho al acceso a la información. El proceso de redacción se convirtió en un espacio de diálogo y debate en los que se discutieron los alcances y límites de la transparencia gubernamental.
Audiencias públicas y mesas de trabajo: Durante el proceso de dictaminación, se llevaron a cabo más de 15 reuniones y audiencias que se convirtieron en un espacio de deliberación democrática, donde se discutieron y se tomaron en cuenta las propuestas y opiniones de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y también representantes de instituciones públicas, asegurando un equilibrio entre visión técnica y demandas sociales.
Un elemento destacable fue el consenso logrado durante la dictaminación, ya que todas las fuerzas políticas encontraron puntos de encuentro y convergieron en la importancia de crear un instrumento legal robusto.
La Ley General de Transparencia: Un Legado Ciudadano
Más allá de ser un instrumento legal, esta ley representa el compromiso de México con los principios de democracia y buen gobierno, pues fue concebida en un entorno de apertura, donde todas las fuerzas políticas, las voces de la sociedad civil y los expertos en la materia jugaron un papel crucial.
El resultado de este ejercicio participativo fue una ley que no sólo cumplió con los estándares internacionales en materia de transparencia, sino que también reflejó las necesidades y demandas específicas de la sociedad mexicana.
El parlamento abierto permitió que la Ley General de Transparencia incluyera principios y mecanismos que la han convertido en un pilar de nuestra democracia cuyas algunas de sus principales fortalezas son:
Ampliación de los Sujetos Obligados: La Ley incluye como sujetos obligados no sólo a los organismos públicos de los tres niveles de gobierno, sino también a entidades privadas que reciben recursos públicos o ejercen funciones de autoridad. Esto amplió significativamente el alcance de la transparencia, garantizando que cualquier entidad que gestione fondos públicos rinda cuentas de manera adecuada.
Acceso Universal: La Ley consagra el acceso a la información como un derecho humano fundamental, estableciendo que cualquier persona puede solicitar información sin necesidad de acreditar interés alguno, eliminando cualquier barrera que pudiera limitar su ejercicio.
Establecimiento de Procedimientos Claros y Mecanismos de Apelación: La Ley detalla procedimientos para acceder a la información, imponiendo plazos específicos para responder solicitudes y estableciendo recursos de revisión ante el INAI en caso de negativa o respuesta insatisfactoria. Estos mecanismos refuerzan la exigibilidad del derecho a la información y proporcionan herramientas efectivas para garantizar su cumplimiento.
Estos aspectos reflejan el valor de un proceso incluyente y colaborativo, que consideró las mejores prácticas internacionales y las necesidades locales. Incluso, en 2016, el Global Right to Information Rating (Ranking Global de Derecho a la Información), que tiene como objetivo analizar comparativamente la calidad del marco legal sobre acceso a la información alrededor del mundo, calificó a la Ley General de Transparencia de nuestro país como la mejor legislación sobre derecho a la información.
Un derecho humano conquistado
El derecho de acceso a la información pública no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental que permite a los ciudadanos ejercer su control sobre el poder público. Al conocer las acciones del gobierno, los ciudadanos pueden evaluar su desempeño, identificar posibles actos de corrupción y exigir que se rindan cuentas.
El intento de desaparecer el INAI amenaza con debilitar este derecho humano reconocido internacionalmente. Este organismo autónomo es el encargado de garantizar la aplicación de la Ley General de Transparencia, supervisar a los sujetos obligados y proteger los datos personales de los ciudadanos. Su eliminación significaría:
Retroceso en la rendición de cuentas: Sin un organismo garante especializado, las instituciones públicas podrían manejar la información de forma discrecional.
Opacidad en el manejo de recursos públicos: La falta de supervisión podría abrir la puerta a malas prácticas y corrupción.
Pérdida de la participación ciudadana: El acceso a la información es esencial para que la sociedad exija cuentas y participe activamente en la toma de decisiones.
La desaparición del INAI representaría un retroceso histórico para México. Este organismo ha sido el encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia, resolviendo miles de recursos de revisión y estableciendo jurisprudencia en materia de acceso a la información.
Sin un organismo independiente y especializado, las resoluciones de solicitudes de información podrían verse vulneradas, los ciudadanos perderían un mecanismo efectivo para hacer valer sus derechos y las instituciones públicas tendrían menos incentivos para ser transparentes. Además, se pondría en riesgo la protección de datos personales, un derecho fundamental que ha cobrado especial relevancia en la era digital.
Conclusión
La defensa de la Ley General de Transparencia y del INAI es un imperativo para preservar los derechos ganados por la ciudadanía y cualquier intento de erosionar los mecanismos de transparencia representa un retroceso en la consolidación democrática de México. No olvidemos que es el resultado de años de lucha ciudadana y de demandas sociales por rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En un contexto donde la transparencia está bajo amenaza, recordemos que esta ley fue un logro colectivo que ejemplifica cómo la colaboración entre gobierno y sociedad puede generar normas que beneficien a todos.
Un instrumento normativo construido mediante un ejercicio de parlamento abierto, con consenso transversal, no puede ser desmantelado sin un proceso similar de deliberación. La ley no pertenece a un gobierno, ni a un partido político: es un patrimonio de la ciudadanía, construido con el esfuerzo colectivo de múltiples actores sociales y políticos.
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